Los mandatos de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición han expresado su preocupación respecto a las posibles medidas que podría adoptar el Gobierno de José Antonio Kast en relación con el caso Vega González y otros vs. Chile.
En este contexto, se subraya la estricta prohibición de la impunidad y la urgencia de evitar la instrumentalización política de la justicia. Las preocupaciones incluyen:
- Acusaciones constitucionales basadas en el contenido de sentencias judiciales.
- Criminalización de jueces mediante represalias, como demandas, por fallar de acuerdo con el jus cogens y los tratados internacionales de derechos humanos.
- Ataques digitales, que incluyen discursos de odio dirigidos a socavar la legitimidad de jueces, fiscales y abogados que defienden a las víctimas.
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